28 de abril 2026, MONTE PLATA – El Ayuntamiento Municipal de Monte Plata, representado por su consultora jurídica, la Dra. Maritza de la Cruz Jiménez, convocó este martes a una rueda de prensa para esclarecer los procesos judiciales que rodean a la Gallera Municipal. La funcionaria desmintió informaciones que circulan en redes sociales sobre supuestas condenas definitivas contra la institución, asegurando que el cabildo ha actuado siempre apegado a la legalidad y en defensa del patrimonio público.

 

​Respecto a la controversia sobre el pago de astreintes, la Dra. De la Cruz aclaró que la Cámara Civil y Comercial de Monte Plata simplemente ordenó la entrega de una documentación específica. Se trata de la ordenanza del Consejo de Regidores que autoriza al alcalde a gestionar la apertura del recinto. Según explicó, el tribunal fijó una sanción económica solo en caso de mora, pero dicha documentación ya fue formalmente entregada a la parte interesada.

 

​La consultora detalló que el pasado 12 de febrero de 2026, mediante el acto número 093-2026, se notificó al señor Ludovino Frías no solo la decisión del Consejo (Ordenanza 33-2025), sino también una certificación de la Secretaría Municipal. En dicho acto, el Ayuntamiento dejó constancia de que estos son los únicos documentos existentes sobre la administración de la gallera, cumpliendo así con el mandato judicial y dejando sin efecto cualquier alegato de incumplimiento.

 

​Actualmente, el Ayuntamiento enfrenta una nueva demanda interpuesta por el señor Aquino, quien pretende atribuirse la propiedad del inmueble y solicita el desalojo de la alcaldía. La defensa municipal sostiene que esta reclamación se basa en un contrato de arrendamiento del año 2019 que solo tenía vigencia por un año, por lo que carece de fundamento legal para exigir la posesión de un bien que pertenece al municipio.

 

​La Dra. De la Cruz denunció que el señor Ludovino Frías ha mantenido una actitud de asedio legal constante contra la gestión actual. A lo largo del tiempo, ha interpuesto múltiples denuncias penales y solicitudes de medidas urgentes contra el alcalde, el Consejo de Regidores y la Consultoría Jurídica, todas con el fin de paralizar las operaciones de la gallera. No obstante, todas estas acciones han sido rechazadas por los tribunales y las fiscalías correspondientes.

 

​Un punto crítico de la rueda de prensa fue la revelación de amenazas directas contra la integridad física del alcalde y sus familiares. La consultora jurídica informó que, debido a la gravedad de estos hechos ocurridos tanto de forma personal como a través de las redes sociales, el Ayuntamiento procederá legalmente en los próximos días ante la Procuraduría Fiscal de Monte Plata.

​La alcaldía solicitará formalmente la imposición de medidas de coerción y una orden de alejamiento contra el responsable de estas amenazas. «Se encuentran en peligro debido a las amenazas públicas y personales», enfatizó la doctora, señalando que la institución no permitirá que la coacción interfiera con el trabajo municipal ni con la seguridad de sus servidores.

 

​En cuanto al estatus de los procesos abiertos, el Ayuntamiento se encuentra a la espera de ser citado para la audiencia de fondo en la Cámara Civil. Asimismo, existe un recurso de casación pendiente en la Suprema Corte de Justicia, cuya sentencia marcará los pasos a seguir. Además, se informó que el próximo 26 de junio se ventilará un recurso de apelación donde la alcaldía defenderá la ganancia de causa obtenida anteriormente.

​La funcionaria fue enfática al declarar que, a pesar de los ruidos mediáticos, no existe ningún peligro sobre la operatividad de la Gallera Municipal. Aseguró que ningún tribunal ha emitido una orden que impida su funcionamiento, por lo que el recinto seguirá operando con normalidad los días acostumbrados, bajo la administración legítima del Ayuntamiento.

 

​Finalmente, la Dra. Maritza de la Cruz reiteró que la misión de la Consultoría Jurídica es proteger los intereses de Monte Plata. «Esta gallera es un patrimonio municipal y no corre peligro porque quienes la ejecutan son sus legítimos dueños», concluyó, reafirmando el compromiso de la gestión de actuar bajo el marco de la ley y en beneficio de la comunidad.